La expansión de la actividad minera en el bioma amazónico, tanto en su actividad regulada como en la explotación ilegal, ha dificultado la gestión del territorio, intensificando los desafíos de conservación y exponiendo las limitaciones institucionales de fiscalización. Para abordar este escenario desde una perspectiva científica y de gobernanza, un estudio internacional liderado por la especialista en Sensores Remotos, Ing. Isabel Chuizaca-Espinoza, M.Sc. (Técnico del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la FICT) junto a investigadores del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil, como parte de su proyecto de maestría, diseñó el Índice de Vulnerabilidad Socioambiental frente a la Minería (VMI). La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Land Use Policy, de primer decil (Q1D1) en Scopus.
Una arquitectura analítica basada en datos satelitales
A diferencia de los análisis descriptivos tradicionales, el equipo desarrolló una arquitectura analítica propia a macroescala utilizando un enfoque de cuadrícula espacial de 100 km x 100 km. La metodología reinterpreta y adapta el modelo teórico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), integrando tres dimensiones fundamentales:
Exposición espacial: Presencia de actividad minera en la zona de amortiguamiento de 10 km de zonas de conservación. Esta elección responde a la función de estas franjas como áreas de contención ecológica y social, cuya alteración compromete la integridad de los ecosistemas y aumenta los riesgos para las comunidades locales.
Sensibilidad ambiental: Presencia de minería dentro de zonas de conservación. Estas áreas tienen una función socioambiental crítica: preservar la biodiversidad, regular los procesos ecológicos y garantizar los derechos colectivos de las poblaciones tradicionales.
Capacidad de adaptación: Diagnóstico de la solidez institucional y la seguridad de la tenencia de la tierra para mitigar impactos, mediante la medición de la evolución de la deforestación asociada a la minería. En respuestas institucionales a los Decretos Presidenciales No. 9985/2019 y No. 10.341/2020, que dieron origen a las Operaciones Brasil Verde 1 y 2.
Para refinar la ubicación exacta de las actividades extractivas y clasificar este tipo de uso del suelo, la investigación procesó datos de plataformas de teledetección de alta confiabilidad como MapBiomas y TerraClass.
Radiografía de los "Hotspots" de vulnerabilidad
La aplicación del VMI arrojó que las categorías de vulnerabilidad alta y muy alta se concentran principalmente en los estados brasileños de Pará, Amazonas, Roraima y Mato Grosso.
El estudio identificó celdas críticas que coinciden de forma directa con espacios destinados a la conservación y derechos colectivos ancestrales, destacando:
El Área de Protección Ambiental (APA) do Tapajós.
Las Florestas Nacionais (FLONA) do Jamaxim y do Crepori.
Las Tierras Indígenas Munduruku y Kayapó.
Los Territorios Quilombolas de Oriximiná.
La validez del índice se constata al comprobar que estos puntos críticos coinciden con registros independientes de deforestación acelerada, contaminación por mercurio e intervenciones federales contra la minería ilegal.
El rol clave de la seguridad jurídica y las políticas públicas
Uno de los mayores aportes del modelo es evidenciar la íntima relación entre la gobernanza de la tierra y los impactos ambientales. Los datos reflejan que los focos de mayor vulnerabilidad socioambiental no se deben únicamente a la presencia física de la minería, sino a la fragilidad institucional y los vacíos normativos.
El análisis revela dos dinámicas críticas en el territorio:
Conflictos por superposición de derechos: Los retrasos institucionales del Estado en la regularización y titulación de tierras colectivas (como las comunidades quilombolas e indígenas) generan fricciones y desprotección frente a proyectos de minería industrial formalmente autorizados.
Catalizadores de la ilegalidad: Las brechas en las políticas públicas preventivas y la falta de seguridad jurídica actúan como un imán que debilita el control territorial, facilitando las invasiones de la minería ilegal (garimpo) en áreas protegidas.
Una herramienta de alerta para la toma de decisiones
Lejos de ser un mapa estático, el VMI funciona como un sistema de alerta temprana para los tomadores de decisiones. Al revelar con precisión espacial dónde la tenencia de la tierra es más frágil y el ecosistema es más sensible, provee la base científica necesaria para diseñar políticas públicas preventivas, planificar la mitigación ambiental y focalizar las acciones de gobernanza donde más se necesitan.
Garantizar los derechos territoriales colectivos y fortalecer los marcos institucionales se consolidan, según los autores, como estrategias urgentes para construir comunidades resilientes y cumplir con las metas globales de Neutralidad en la Degradación de las Tierras (LDN).
Consulta la investigación: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2026.108347
Investigadores de FICT
Ing. Isabel Chuizaca, M.Sc.
Autores externos (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE)
Ing. Bruno Vargas Adorno, P.hD.
Ecol. Silvana Amaral, P.hD.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ODS 12: Producción y consumo responsables. Por aportar información para analizar los impactos territoriales de la actividad minera y orientar una gestión más responsable de los recursos naturales.
ODS 13: Acción por el clima. Por contribuir al análisis de vulnerabilidades socioambientales y generar información útil para la planificación y gestión territorial frente a presiones ambientales.
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Por apoyar la identificación de zonas vulnerables ante la presión de la minería y aportar información para la protección de los ecosistemas amazónicos.
